Periódicamente la prensa y los informativos nos hacemos eco de estafas y delitos económicos de toda índole. En las últimas semanas el caso de las tarjetas “negras” de Bankia está ocupando portadas de decenas de diarios, elevando al público un escándalo que se antoja demasiado cruento en la actual situación económica y tras el varapalo de las preferentes. Se da la circunstancia de que Bankia fue una de las entidades que más fomentó las participaciones preferentes, llevando al engaño a miles de usuarios, muchos de ellos sin su consentimiento. Y tras estas estafas millonarias ¿qué ocurre?
A pesar de lo escandaloso de los delitos económicos, según instituciones penitenciarias, menos del 1% de los presos está en la cárcel por delitos económicos. En concreto de los 64000 reclusos que permanecen en las prisiones españolas solo 615 están cumpliendo penas por estafa y delitos económicos.
Los 615 presos por cuestiones económicas se agrupan en: 85 internos por blanqueo de capitales, 300 encarcelados por apropiación indebida, 50 por alzamiento de bienes, 150 por delitos contra la Hacienda pública, una docena por fraudes relacionados con la Seguridad Social, otros 12 por contrabando y 4 por delitos societarios. Un amplio abanico de delincuentes contra los intereses económicos privados y públicos que sin embargo se antojan pocos en atención a lo escandaloso de sus actos y las consecuencias que provocan para el heraldo común y los intereses particulares.
Desde la Unidad de delitos de la Agencia Tributaria ponen de manifiesto su preocupación por los pocos casos que concluyen en condena carcelaria de este tipo de delitos. Los grandes defraudadores (más de 120000 euros) encuentran huecos en la ley que les permite salir airosos de situaciones que en menores cantidades pueden llevar a la incautación de bienes y penas de cárcel. Esto ha motivado que en el reciente Congreso de inspectores de Hacienda celebrado en Bilbao se reclame la tipificación como delito de prácticas de “ingeniería fiscal” llevadas a cabo por grandes empresas y que les permiten reducir sus obligaciones con Hacienda.
La causa de que sean pocos los encarcelados por delitos económicos hay que buscarla en la Ley antifraude, que permite al imputado librarse de la pena al regularizar su situación económica. En el caso de las tarjetas de Bankia muchos de los implicados no superan el límite de delito, por lo que se irán a sus casas con una simple falta.